Avances y limitaciones de la política de vivienda en México Enfoque de derechos humanos y vinculación con el tema de eficiencia energética
El tema que a continuación comento se enmarca en el
Proyecto de Investigación “Tendencias actuales y enfoques alternativos de las
políticas públicas en México, que se coordina desde la UNAM”. Específicamente,
esta cápsula trata de la política pública de vivienda de interés social y sus
contradicciones con la política energética (sexenio 2019-2024).
Se parte de un enfoque de política pública en los
derechos humanos. Me refiero al acceso universal a los derechos, preservando y
respetando la diversidad y la no discriminación de los actores involucrados en
los procesos de planificación pública en aras de garantizar la universalidad y
equidad de los derechos, al respecto por primera vez México delinea un programa
de vivienda bajo este enfoque.
Pero, existen limitaciones de la acción
institucional actual (año 2020) con relación a la vivienda social y la
eficiencia energética.
Las ciudades aportan el 80% de la emisión de los
Gases de Efecto Invernadero, -GEI en el mundo. El sector residencial representa
el tercer lugar del consumo de energía en México, después del sector transporte
y del sector industrial.
De acuerdo con el Balance Nacional de Energía, el
consumo de energía del sector residencial se integra de seis fuentes (leña, gas
LP, electricidad, gas natural, energía solar y querosenos, en orden de
importancia en el consumo).
Más de la mitad del territorio urbano en México está
ocupado por extensas zonas autoproducidas por sus pobladores y conjuntos de
viviendas de interés social construidos por el Estado o privados, en su mayoría
totalmente desarticulados al funcionamiento de los centros urbanos, los cuales
no cuentan con servicios de infraestructura adecuados, producción controlada de
desechos sólidos, entre otras externalidades negativas.
Al respecto, la Comisión Económica para América
Latina y El Caribe (CEPAL) considera el asunto no solo como un problema de
“carácter ambiental, sino como un problema que surte un efecto negativo en el
desarrollo estructural y acentúa la pobreza y las inequidades” (CEPAL, 2015: 39 Recuadro II.1 Conclusiones).
Es decir, de un problema netamente ambiental, se ha
pasado a uno de “sostenibilidad global, por su incidencia en los ámbitos
sociales y económicos” (Herrán, 2012: 6).
Una estrategia desarrollada en México en sexenios
pasados y asistida por la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ)
estuvo centrada en los aportes de las disciplinas del urbanismo y arquitectura
bioclimática, con el desarrollo de medidas pasivas y activas. Tales como:
1. ordenación del conjunto y explotación al máximo
de las condiciones del sitio
2. diseño de las envolventes que tomen en cuenta la
hermeticidad, sin puentes térmicos, ventanas de alta calidad, con estrategias
de ventilación adecuada
3. aprovechamiento de materiales y sistemas
constructivos
Decisiones de planificación urbana y diseño
arquitectónico que hacen eficiente la transferencia o resistencia al calor
dependiendo del clima de la región, creando el máximo confort térmico, antes de
complementar con el uso de fuentes de energías limpias y renovables que incluyen
sistemas ahorradores tipo focos led, paneles fotovoltaicos, calentadores
–boiler– solares, entre otros, para hacer más eficiente la iluminación
artificial, el calentamiento del agua, la refrigeración y/o calefacción de la
edificación en días de temperaturas extremas
Durante 12 años se desarrolló una práctica y
transferencia de capacidades por parte de la Agencia Alemana de Cooperación
Internacional (GIZ) a cientos de profesionales, funcionarios y técnicos de
empresas, así como verificadores del Instituto Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores-Infonavit. que se tradujo en la construcción de cerca de 500,000
viviendas con el sistema del cumplimiento de la NAMA Sisevive-Ecocasa.
En cuanto a materiales hubo un crecimiento hasta la
consolidación de organizaciones internacionales y nacionales proveedores con
características de ahorro energético y agua. El punto más sensible era dotar a
la vivienda con la etiqueta de eficiencia energética- IDG a trabajadores de
ingresos por debajo de 3 UMAS[1]
El Estado Mexicano, no debe asumir estas consideraciones
como un gasto a fondo perdido, sino como una inversión de mediano y corto
plazo, complementando su enfoque de derecho a una vivienda adecuada con el de
sustentabilidad.
Por primera vez México (2019-2024) cuenta con un
Programa Nacional de Vivienda que incorpora los siete elementos de la vivienda
adecuada establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, ONU-Hábitat. Los
siete elementos de la vivienda adecuada son: seguridad de la tenencia;
disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura;
asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad; ubicación y adecuación cultural.
No obstante, será necesario que México mantenga la congruencia
con la obligación de garantizar el disfrute de ese derecho a una vivienda
adecuada en consonancia con los lineamientos internacionales suscritos por este
país sobre los Objetivos del Desarrollo Sustentable, ODS 2030 y la reducción de
la emisión de Gases de Efecto Invernadero -GEI. Así, la gran incógnita es ¿por
qué el actual sexenio no da el paso hacia la obligatoriedad de la vivienda con
la etiqueta de eficiencia energética en el marco del derecho de una vivienda
adecuada y la sustentabilidad?
[1] UMAS (unidad o referencia económica en
pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos
previstos en las leyes federales, de las entidades federativas) para lo cual el
Estado debe asumir el diferencial de costos.
